Con la resaca del Mundial ya disipada, la política argentina se adentra en el preámbulo de una temporada electoral intensa, que culminará con las presidenciales del próximo año. En este escenario, y a pesar de las aparentes distancias, han surgido diálogos significativos entre diferentes fuerzas.
Se registraron reuniones inusuales en la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, así como encuentros entre los líderes del peronismo opositor a Milei, incluyendo al PJ-K y gobernadores que no están alineados con la Casa Rosada. Estos acercamientos, motivados por diversas conveniencias, abrieron una puerta a la posibilidad de un acuerdo en torno a una reforma del sistema electoral.
El punto central de estas charlas confidenciales es la intención del oficialismo de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de modificar el financiamiento de las campañas políticas. Para los libertarios, esta es una prioridad, mientras que para el PJ-K, la posibilidad de dirimir candidaturas presidenciales mediante internas partidarias es crucial, un escenario que no se replica desde la contienda entre Carlos Menem y Antonio Cafiero.
La necesidad de consensos ha propiciado, incluso, la reanudación del diálogo entre los referentes de La Libertad Avanza y Mauricio Macri. Tras un encuentro entre Karina Milei y el expresidente, se concretó una reunión en Casa Rosada con operadores del PRO como Fernando De Andreis y Cristian Ritondo, junto a Diego Santilli y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, cercanos a Karina Milei.
Aunque las negociaciones están en una fase incipiente y ninguno de los actores lo reconoce públicamente, fuentes calificadas del oficialismo y operadores del PJ cercano a los Kirchner han confirmado a Clarín que una nueva ley electoral está en marcha. Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación y con vínculos en todos los sectores peronistas, ha cultivado una relación de confianza con Karina Milei y trabaja en la búsqueda de consensos parlamentarios. No obstante, Olmos ya le había transmitido a Diego Santilli en abril que el peronismo no aceptaría la eliminación total de las PASO.
La postura del PJ-K se reafirmó en un encuentro de cinco horas el martes pasado en el Hotel Emperador, donde participaron Axel Kicillof y Máximo Kirchner, junto a Sergio Massa y los gobernadores Gildo Insfrán, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto, además de los jefes de bloque Germán Martínez y José Mayans. Allí, si bien se acordó endurecer la posición legislativa y unificar el reclamo de fondos a la Casa Rosada, se discutió largamente el sistema electoral. La posición oficial que trascendió fue un rotundo rechazo a la eliminación o suspensión de las PASO.
En medio de estas posturas divergentes, un senador radical, Eduardo Vischi, presentó un proyecto que podría destrabar el conflicto: convertir las PASO de “Obligatorias” a “Optativas”. Esta propuesta ha sido vista con buenos ojos por parte del peronismo.
El plan que empieza a cobrar fuerza, aunque los diálogos son preliminares, buscaría garantizar que, si las PASO se vuelven “Optativas”, el Estado las siga financiando, controlando y regulando a través de la Cámara Nacional Electoral. Esto aliviaría la carga económica para los partidos, que hoy enfrentarían costos millonarios al organizar internas sin el respaldo estatal. La pregunta de si el oficialismo estaría dispuesto a financiar las internas de la oposición es retórica, pero crucial para el avance de la reforma.
La negociación también evalúa el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR). Un senador de LLA admitió a Clarín que, sin el respaldo de los diez senadores radicales, ninguna ley de esta envergadura podría prosperar. Actualmente, la UCR aún no ha sido convocada por la Casa Rosada, a diferencia del PRO.
Más allá de las PASO, otro punto de convergencia para todos los partidos es la necesidad de una nueva legislación sobre el financiamiento de las campañas electorales. Desde hace años, se reconoce en privado que los fondos declarados suelen ser inferiores a los realmente invertidos. Este debate se ve alimentado por causas judiciales en curso, como la investigación sobre los bienes de Martín Insaurralde y el caso de la familia Di Maggio, dueños de bingos en el sur bonaerense, que apunta a posibles delitos de lavado de dinero con ramificaciones internacionales.
Los gobernadores, tanto los disidentes como los aliados, aún no han definido su postura final sobre la modificación del sistema electoral, un “laberinto” con múltiples caminos. El Gobierno, además, podría buscar la eliminación del sistema de lemas, utilizado en varias provincias y que permite “colectoras” que suman votos a un mismo candidato nacional. En este complejo tablero, el Gobierno busca negociar puntos comunes con todo el espectro político.
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