Planes Sociales: La Justicia Recalifica el Escándalo y Eleva Penas, pero la Siguiente Investigación Queda en Suspenso

Un reciente giro judicial ha redefinido el futuro de la causa conocida como «Planes Sociales», que investiga una estafa con fondos públicos. El Tribunal de Impugnación revocó la absolución por el delito de asociación ilícita para las 12 personas ya condenadas, entre ellas el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. El fiscal jefe Pablo Vignaroli expresó su satisfacción con la decisión, que agrava la situación legal de los implicados, pero al mismo tiempo moderó las expectativas sobre el avance de la denominada «Planes Sociales II».

Inicialmente, durante el juicio oral, los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita habían dictaminado que la maniobra solo encuadraba en administración fraudulenta agravada. Este delito, con penas significativamente menores, implicaba el desvío de fondos públicos destinados al Subsidio a la Desocupación Laboral para financiar ilegalmente al Movimiento Popular Neuquino (MPN). La fiscalía estimó que la estafa, cometida entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, ascendió a 153 millones de pesos a valores históricos.

Los magistrados del juicio original, si bien reconocieron la existencia de un grupo organizado con reparto de roles, descartaron la asociación ilícita argumentando que esta requería «múltiples planes delictivos, y no un solo plan, aunque sea sostenido en el tiempo». También cuestionaron el período temporal delimitado por la fiscalía y la falta de profundización en la contabilidad de la «caja azul», donde se acumulaba el dinero. Vignaroli calificó este análisis como «meramente dogmático».

El Tribunal de Impugnación, sin embargo, consideró que la interpretación inicial fue «errónea». Explicó que se cometieron ambos delitos –administración fraudulenta y asociación ilícita– en lo que se conoce como concurso real, al existir no solo una estafa al Estado, sino también una estructura criminal operando desde el interior. Esta nueva calificación impacta directamente en las posibles penas para los condenados.

Respecto a los próximos pasos procesales, el fiscal jefe detalló que las defensas tienen ahora la opción de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia. Si la resolución se confirma, se procedería a una audiencia de cesura, donde se determinarán las penas. La nueva escala penal para quienes fueron señalados como jefes de la asociación ilícita (en concurso con la administración fraudulenta) va de 5 a 16 años de prisión, y para los miembros, de 3 a 16 años. Este segundo juicio se centrará únicamente en la fijación de las penas, abriendo un nuevo período de ofrecimiento de prueba. La Oficina Judicial deberá convocar a jueces del interior provincial para integrar el tribunal, ya que la mayoría de los magistrados de la región Confluencia ya intervinieron en alguna etapa del proceso. La eventual sentencia resultante también será susceptible de impugnación.

Ante la extensión de los plazos judiciales, Vignaroli expresó que es poco probable que el proceso se cierre en los cuatro años que establece el Código, por lo que evalúa la posibilidad de presentar un pedido de prórroga excepcional. Esto busca evitar el sobreseimiento de los imputados y asegurar que el caso llegue a su fin.

Mientras tanto, la continuidad de una segunda parte de la investigación, conocida como «Planes Sociales II», se presenta incierta. Esta fase buscaría analizar si el mismo mecanismo fraudulento se replicó en la asignación del Subsidio Social Transitorio, otro programa del ministerio. En ese legajo estaría implicado Luciano Palma, quien fuera jefe de Ricardo Soiza en la dirección de Planes Sociales.

«En el análisis que se hizo de los expedientes no vemos la misma maniobra. Es decir, acá la maniobra que se hacía era se pagaba con un listado y se justificaba con otro, básicamente. En Subsidio Social Transitorio no es la misma metodología. Con lo cual no sé si vamos a tener elementos para avanzar o no», explicó Vignaroli. El fiscal jefe indicó que la prioridad ahora es el cambio de calificación en la causa principal, y que la decisión sobre «Planes Sociales II» se tomará más adelante.

Una de las grandes incógnitas pendientes en este caso sigue siendo el destino del dinero y quién se apropió de él. El tribunal rechazó el decomiso de bienes de los imputados, al considerar que no fueron adquiridos con los fondos de la estafa. Ante esta situación, el gobierno provincial, que actuó como querellante a través de la fiscalía de Estado, intentará recuperar los montos desviados mediante una demanda en el fuero procesal administrativo.