Fuerte advertencia por la desregulación inmobiliaria en Neuquén: temen más estafas y lavado de dinero

La creciente flexibilización de las normas que regulan la actividad inmobiliaria volvió a encender la preocupación en Neuquén. Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia advirtieron que las políticas de desregulación impulsadas a nivel nacional podrían generar un escenario de mayor vulnerabilidad para compradores, vendedores e inquilinos, además de facilitar maniobras de fraude y blanqueo de capitales.

La presidenta de la entidad, Marina de María, expresó su preocupación por el rumbo que está tomando el sector y sostuvo que la eliminación de controles no representa una mayor libertad para los consumidores, sino una reducción de las garantías que hoy existen para quienes realizan operaciones vinculadas a uno de los bienes más importantes de su patrimonio.

“Están haciendo legal lo que hoy es ilegal, y eso va en detrimento del consumidor final”, afirmó la dirigente al referirse a las medidas que buscan flexibilizar el mercado inmobiliario.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reciente modificación de los parámetros de control establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF), que elevó a 100.000 dólares el monto a partir del cual deben justificarse y reportarse los fondos involucrados en una operación inmobiliaria.

Según explican desde el Colegio, los profesionales matriculados cumplen actualmente el rol de sujetos obligados ante la UIF y deben verificar el origen de los fondos utilizados en las transacciones. La reducción de esos controles, sostienen, podría facilitar el ingreso de dinero de origen dudoso al circuito formal.

“Vemos una falta de control total. Con la mal llamada libertad, cada cual saca el dinero de donde quiera para blanquear situaciones o financiar lo que no se debería. Es un caldo de cultivo para el lavado”, señaló De María.

Preocupación por el avance de operadores sin matrícula

Otro de los puntos que genera inquietud en el sector es la expansión de grandes franquicias inmobiliarias que operan en distintas ciudades del país. Desde el Colegio aseguran que, en muchos casos, estas estructuras incorporan personal sin formación profesional específica ni matrícula habilitante para realizar tareas sensibles como tasaciones, intermediación o asesoramiento en operaciones de alto valor económico.

La entidad advierte que esta situación puede derivar en graves perjuicios para quienes invierten sus ahorros en la compra de terrenos o viviendas, especialmente cuando surgen conflictos legales relacionados con títulos de propiedad, subdivisiones o procesos de escrituración.

Nuevas modalidades de fraude en alquileres

La problemática se agrava en un contexto de fuerte crecimiento demográfico impulsado por la actividad de Vaca Muerta. La llegada constante de familias en busca de oportunidades laborales incrementó la demanda habitacional y, con ella, la aparición de nuevas modalidades de estafa.

Una de las más frecuentes en los últimos meses es el denominado «cobro por visita». Delincuentes publican propiedades con valores aparentemente atractivos y solicitan transferencias de dinero para coordinar una visita o reservar el inmueble. Una vez realizado el pago, los supuestos intermediarios desaparecen y cortan toda comunicación.

Ante esta situación, los profesionales recomiendan extremar las precauciones y verificar siempre la identidad de quien ofrece la propiedad. Además, remarcan que no debe entregarse dinero ni realizar transferencias antes de conocer personalmente el inmueble y comprobar la legitimidad de la operación.

El debate sobre los costos y la regulación

Desde el Gobierno nacional se sostiene que una menor intervención estatal favorecerá la competencia y contribuirá a reducir los costos para consumidores e inversores. Sin embargo, el sector profesional plantea una visión diferente.

En Neuquén, la Ley Provincial 2538 establece límites a los honorarios inmobiliarios, fijando un tope del 3% para compradores y otro 3% para vendedores. Según los martilleros, la existencia de estas regulaciones evita abusos y brinda previsibilidad a quienes participan del mercado.

“Si se deja todo librado al mercado, quienes concentren la oferta podrán fijar los valores que consideren convenientes. Los colegios profesionales no generan costos para el Estado y cumplen una función de control y protección para el consumidor”, señalaron desde la institución.

La situación también impacta en el mercado de alquileres. A pesar de la derogación de regulaciones nacionales, los valores continúan en niveles elevados y muy por encima de la evolución de los salarios. Actualmente, en la capital neuquina y otras ciudades de la provincia, el costo de una vivienda representa una porción cada vez mayor de los ingresos familiares, profundizando las dificultades para acceder a una solución habitacional.

Frente a este escenario, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos ratificó su defensa de la colegiación obligatoria y de los mecanismos de control profesional vigentes en la provincia, argumentando que constituyen una herramienta fundamental para brindar seguridad jurídica y proteger a quienes buscan concretar el sueño de acceder a una vivienda propia.

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