El Gobierno nacional presentó un adelanto del Presupuesto 2027, un documento que delinea las proyecciones macroeconómicas y fiscales que sustentarán la propuesta de ley. Este proyecto será enviado al Congreso de la Nación antes del 15 de septiembre.
Este informe oficial, que abarca el periodo 2027-2029, parte de la premisa de una economía en continuo proceso de estabilización. Se prevé una disminución de la inflación, un crecimiento constante de la actividad productiva y una mejora en los indicadores sociales clave.
En el ámbito macroeconómico, el Ejecutivo sostiene que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2027 será impulsado principalmente por la recuperación de la inversión, un mayor consumo privado y un aporte favorable del sector externo.
Paralelamente, se proyecta una marcada desaceleración de la inflación. Esta tendencia, según el documento, permitirá un «fortalecimiento de la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares», creando mejores condiciones para las decisiones de consumo e inversión de la ciudadanía.
Las proyecciones oficiales también anticipan una mejora significativa en el mercado laboral y en los indicadores sociales. El informe señala que la tasa de desempleo continuará su trayectoria descendente, mientras que «la tasa de la pobreza continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia».
Dentro de este marco, el Gobierno subraya que el escenario de mediano plazo contempla «la consolidación de un proceso de crecimiento económico sostenido, acompañado por una reducción persistente de la inflación» y un fortalecimiento general de los equilibrios macroeconómicos del país.
En materia tributaria, el Ministerio de Economía adelanta que los recursos fiscales experimentarán un leve crecimiento en términos reales durante el trienio 2027-2029. Este incremento será motorizado por una mayor actividad económica y un aumento en las exportaciones. A pesar de esto, se ratifica la estrategia de alivio impositivo para el sector privado.
El informe detalla que, en este periodo, «se consolidará el objetivo de continuar devolviendo recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica», una política considerada fundamental para sostener el crecimiento proyectado.
Respecto a la deuda pública, el adelanto presupuestario indica que la programación financiera se elaboró siguiendo los objetivos de «sostenibilidad de la deuda pública, fortalecimiento del mercado de financiamiento y mantenimiento del equilibrio fiscal». No obstante, aún no se han adelantado cifras específicas sobre las necesidades de financiamiento o los vencimientos.
El documento también anticipa una profundización en el proceso de reorganización del Estado. Esta medida busca «optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas». Se aclara que, a pesar de estos cambios, se preservará el cumplimiento de los compromisos ya asumidos con los organismos internacionales de crédito.
En el capítulo dedicado a las provincias, el Gobierno reafirma su compromiso de «continuar promoviendo el equilibrio fiscal en las administraciones subnacionales y la reducción de la presión tributaria». Además, se ratifica la continuidad del régimen de compensación de deudas recíprocas entre la Nación y las provincias, establecido en 2024.
Según el informe, actualmente veinte provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se han adherido a este mecanismo. Siete de estas jurisdicciones han firmado los acuerdos correspondientes, y las negociaciones prosiguen con el resto para avanzar en la compensación de obligaciones cruzadas.
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