A pesar de la insistencia del presidente Javier Milei en mantener la línea de su programa económico, las recientes decisiones del equipo económico sugieren un cambio de estrategia: buscar la reactivación económica en la última parte del año, pero sin aumentar el gasto público. Esta lectura de buena parte de la City se sustenta en una serie de medidas que apuntan a dinamizar la actividad.
Uno de los movimientos más recientes se observó en el frente cambiario. Tras semanas de tensión entre tasas en pesos y el precio del dólar, la divisa estadounidense ha ganado terreno. Las tasas en moneda local se descomprimieron, y el tipo de cambio mayorista superó la barrera artificial de los $1.500 que el Banco Central y el Tesoro defendían. Si bien el deslizamiento en agosto fue menor, con una suba cercana al 1,8%, la consultora LCG señaló que lo más significativo es el abandono de la política de tasas para sostener una paridad. Para la consultora, sería deseable un deslizamiento más importante en los próximos meses desde una perspectiva de consistencia macroeconómica.
En paralelo, el Gobierno ha puesto un renovado énfasis en impulsar el crédito del sector privado, actuando en dos frentes clave. Por un lado, autorizó a empresas no exportadoras a recibir préstamos en moneda extranjera, una medida que podría movilizar cerca de US$6.000 millones en nuevos créditos en dólares. Por otro, permitirá que los bancos liciten plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, recursos que se destinarán a la colocación de nuevos créditos hipotecarios.
El equipo de investigación del Banco Galicia destacó que el objetivo es canalizar recursos del sistema financiero hacia la inversión y el consumo sin recurrir a impulsos fiscales o monetarios que puedan comprometer los avances nominales. No obstante, advirtieron que la efectividad del crédito como motor de crecimiento dependerá tanto de la liquidez que se busca incentivar como de la demanda, es decir, de la voluntad de empresas y hogares para asumir nuevas deudas en un contexto de recuperación económica todavía parcial.
Con el mismo fin de estimular la demanda, la Secretaría de Trabajo y la Jefatura de Gabinete acordaron elevar el piso salarial de las negociaciones paritarias. Se estableció un mínimo de $1.070.000 para los sueldos más bajos de los convenios colectivos, lográndose mediante el pago de bonos o sumas fijas no remunerativas que complementan los aumentos acordados. Esto, si bien mantiene el «ancla» del 2% mensual para los incrementos porcentuales homologados, busca mejorar el ingreso bruto de millones de trabajadores en los sectores de menores salarios.
Finalmente, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al paquete de Inocencia Fiscal II. Esta iniciativa busca canalizar el ahorro hacia la economía formal, sumándose a las estrategias para inyectar liquidez y actividad.
El economista Martín Polo interpretó estas acciones como «medidas pragmáticas que den un empujón para que repunte el empleo», en respuesta a una actividad que no ha reaccionado como se esperaba. Polo subrayó que estas decisiones indican una postura menos dogmática por parte del Gobierno. Además, enfatizó que, con un margen de recorte de gasto reducido, la caída continua de la recaudación representa el mayor riesgo para el equilibrio fiscal.
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