El plan de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional genera alertas en diversas regiones, con un impacto particular en la Patagonia. La politóloga Laura Iturbide, en diálogo con Rivadavia Neuquén, analizó las implicaciones económicas y regionales de estas medidas, advirtiendo sobre la entrega de recursos estratégicos sin una debida tasación y delineando el complejo escenario político que se vislumbra.
Para Iturbide, la estrategia detrás de la venta de activos estatales no obedece a una modernización del Estado, sino a una urgencia de caja. La finalidad principal sería utilizar los ingresos de las privatizaciones para saldar la deuda de 50.000 millones de dólares contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri. Este capital, según la especialista, fue destinado originalmente a los bancos para evitar corridas. Ahora, Javier Milei ha decidido privatizar para afrontar esa deuda, en una semana donde la causa judicial que investigaba su presunta ilegalidad resultó archivada.
El impacto más directo del plan de privatizaciones en Neuquén y Río Negro se concretó con la reciente entrega de las represas del Comahue. Iturbide fue explícita al detallar el proceso, señalando que “se privatizaron cuatro y casualmente quienes quedaron elegidos son los mejores amigos de Santiago Caputo”, en clara referencia al círculo íntimo del asesor presidencial.
Este procedimiento generó profundas preocupaciones por la falta de transparencia económica. La politóloga denunció que el Estado entregó infraestructura crítica “sin un valor mínimo de referencia”, y que las adjudicaciones se cerraron con “propuestas por debajo de los valores reales”, sin la intervención de un tribunal de tasación.
La pérdida de control sobre estas represas afecta directamente la matriz energética nacional, ya que representan el “15% de la generación eléctrica del país”. A largo plazo, esto implica ceder la capacidad de planificación frente a un inminente “recambio de los usos de energía en 30, en 40 años”, una visión estratégica de la que el Estado se despoja.
El análisis de Iturbide también abarcó otras áreas bajo la mira del Gobierno. Respecto a Aerolíneas Argentinas, ejemplificó que, si bien “no es rentable tener un vuelo todos los días a Tucumán”, la ausencia total de conectividad provincial destruiría el “clima de negocios” en el interior. Recordó, además, el paso de Repsol por YPF como un claro ejemplo de desinversión privada.
En relación con la concesión de la Hidrovía del Río Paraná, criticó la decisión del peronismo de “patearlo para adelante”, dejando vía libre a un modelo que hoy impacta ambientalmente y perjudica a los pequeños productores debido al avance del extractivismo. Agregó la situación de los servicios privatizados, como las telecomunicaciones, donde los oligopolios impiden la baja de tarifas. Para Iturbide, el “control y la regulación deberían ser centrales”, un aspecto ausente en la actual gestión libertaria.
En el ámbito político, la politóloga evaluó el reacomodo del oficialismo y la oposición. Sobre la presentación de Milei en el Congreso, consideró que el mandatario buscó “lavarse eso de que quedó como medio lejano a Malvinas”.
De cara a las próximas elecciones, la postura de las fuerzas aliadas será determinante. Iturbide observa que el PRO “no consigue tomar autonomía”, con la excepción de la ministra Patricia Bullrich, quien “sí mantiene cierto perfil” propio. Finalmente, sobre la figura de Victoria Villarruel, fue categórica: aseguró que a la vicepresidenta “le quedó re grande el cargo” y concluyó que “no se encontró en el gobierno y no se encontró en el Senado”.