El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las propuestas centrales del Gobierno nacional, fue aprobado el 28 de junio de 2024 como parte de la Ley Bases. Su objetivo declarado es atraer grandes inversiones, nacionales y extranjeras, que superen los 200 millones de dólares, a cambio de beneficios fiscales, cambiarios y otros incentivos. No obstante, un análisis detallado de los proyectos presentados bajo este marco revela una marcada concentración en pocas provincias y sectores, generando un intenso debate sobre su impacto real en la economía argentina.
Según informes elaborados por el Observatorio del RIGI, conformado por organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de los 42 proyectos presentados que comprometen más de 194.000 millones de dólares en inversión, el 80% se concentra en solo tres provincias. Además, a pesar de que el régimen busca abarcar nueve sectores, más del 95% de las inversiones se dirigen a actividades extractivas como el petróleo, el gas y la minería, sin lograr una diversificación económica.
La concentración es notoria tanto a nivel territorial como sectorial. Las provincias de Neuquén (46,1%), San Juan (19,9%) y Río Negro (14,2%) acumulan el 80% de los fondos. En cuanto a las actividades, el 95,6% de la inversión se reparte en petróleo (43,3%), cobre (24,6%), gas (17,2%) y litio (10,5%), dejando a rubros como la siderurgia e infraestructura con una participación marginal. Esta falta de diversificación sugiere, como indica el informe, que el RIGI no está contribuyendo a ampliar la matriz productiva del país.
Asimismo, solo seis empresas agrupan el 64,4% de la inversión total. La argentina YPF, controlada por el Estado, lidera con el 20,8%, seguida por la suiza Glencore (13,2%) y la estadounidense Chevron (10,3%), junto a Pluspetrol, Pampa Energía y Río Tinto. El capital extranjero representa el 45,8% de la inversión, el argentino el 38,5% y el mixto el 15,7% restante.
Un ejemplo de estos proyectos es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un oleoducto de 437 kilómetros que conectará Vaca Muerta con un puerto y terminal de exportación en Punta Colorada, Río Negro. Aprobado en marzo de 2025 con una inversión de 2.900 millones de dólares, este proyecto, liderado por YPF, busca intensificar la perforación en Vaca Muerta, donde se localiza la mayoría de las iniciativas del RIGI. En el sector minero, grandes corporaciones transnacionales como Glencore y Rio Tinto dominan proyectos de cobre y litio en provincias como San Juan, Catamarca y Salta.
El economista Ariel Slipak, coordinador del Área de Investigación de FARN, señaló que esta concentración territorial y sectorial está generando “economías de enclave”. Según Slipak, el beneficio económico se destina a un grupo reducido de empresas, en muchos casos familias empresarias argentinas o fondos de inversión globales como BlackRock Inc. y Vanguard Capital Management. «Nunca la población se hizo rica por el desarrollo de este tipo de actividades», afirmó, poniendo como ejemplo el Salar del Hombre Muerto, donde, pese a la exportación de litio desde 1998, la población local no experimenta riqueza.
En cuanto al empleo, si bien el RIGI proyecta la creación de 95.158 puestos de trabajo, un informe de Misión Productiva del 27 de agosto comparó esta cifra con la pérdida de 337.365 empleos asalariados registrados en Argentina entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La conclusión es que todo el empleo prometido por el RIGI apenas repone el 28,2% del formal ya destruido en la actual administración.
Este panorama refleja la convivencia de «dos Argentinas»: por un lado, sectores como energía y minería con perspectivas de fuerte expansión, y por otro, un entramado productivo más amplio que incluye industria, construcción, comercio y servicios que atraviesa una marcada caída de actividad y destrucción de puestos de trabajo. Además, el empleo permanente derivado del RIGI se concentra mayormente en la minería (77,2% de los puestos directos) y en provincias específicas como San Juan (36,6%), Salta (13,4%) y Catamarca (12,3%). Una vez finalizada la fase de construcción, el requerimiento de personal se inclina hacia trabajadores altamente calificados, no necesariamente locales.
Slipak advierte que se están concibiendo «áreas geográficas enteras como zonas de sacrificio», donde el RIGI redefine la geografía y amenaza otros modos de vida. Menciona Las Grutas, una ciudad próspera por el turismo, que podría ver afectada su calidad ambiental por barcos de licuefacción. También señala los efectos de la minería de litio en la Puna y los humedales altoandinos, donde las luces encendidas 24 horas afectan directamente a la fauna local.
Otro punto crítico son las exenciones impositivas. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que, en plena producción, el régimen impedirá recaudar anualmente 1.813 millones de dólares en impuestos, con un rango de 1.307 a 2.362 millones según el nivel de exportaciones. Los componentes más significativos de esta renuncia recaudatoria son las retenciones de exportación (851 millones anuales) y la disminución de la alícuota de Ganancias (de 35% a 25%), que implica una pérdida de 545 millones anuales.
El informe del CEPA también subraya que al menos siete de los proyectos aprobados bajo el RIGI ya eran preexistentes, es decir, contaban con anuncios públicos, estudios avanzados o definiciones estratégicas previas a la sanción de la ley. Esto sugiere que el RIGI, en muchos casos, no está generando nuevas inversiones, sino otorgando beneficios extraordinarios a iniciativas que, «probablemente se hubieran desarrollado de todos modos».