Con la reciente adhesión de Rio Negro al RIGI se evidencian los motivos detrás de esta rápida adhesión que ponen en peligro nuestros bienes comunes y nuestra soberanía.
El pasado viernes 12 de julio, Río Negro se convirtió en la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El gobernador Alberto Weretilneck (AW) se adelantó a las demás provincias y dijo: “creo que el RIGI viene a saldar una deuda que ha tenido la Argentina con la inversión internacional y yo creo que podemos estar en el inicio de una nueva etapa”.
El RIGI para AW significa dar un marco legal al GNL y la megaminería, proyectos que vienen de larga data. Busca poder «ganarle de mano» a otras provincias para que las empresas vean en Río Negro un lugar donde puedan explotar con inmunidad legal. Y esto no lo logró solo. Un sector del peronismo local, el PRO y LLA fueron quienes acompañaron al oficialismo en la Legislatura para aprobar este nuevo régimen.
El gobierno insiste en que las inversiones que pueden hacer las empresas significarán trabajo y crecimiento para el desarrollo de nuestra economía provincial. Sin embargo, entre los artículos del RIGI hay párrafos que ponen en riesgo la producción local. Sin más, el artículo 37 plantea que las empresas o VPU (“vehículo de proyecto único) no están obligadas a vender en el mercado local. Es decir, pueden usar mano de obra extranjera, sacar recursos locales o explotar nuestras tierras y directamente exportarlos (con muchas exenciones impositivas a la exportación).
Para agregar más beneficios económicos, aquellas empresas (VPU) que estén bajo este régimen no deberán pagar: derecho de importación, derecho de exportación, ganancias, impuesto al crédito y débito, IVA, etc. E incluso las mismas podrán operar en cualquier divisa por el monto que deseen, incluso si existe CEPO o medidas regulatorias.
El RIGI no significa otra cosa que entregar nuestra provincia a un grupo de empresas extractivistas. Es decir, con este régimen vamos a un periodo de mayor contaminación ambiental en tierras o ecosistemas protegidos. Inclusive Weretilneck admitió que los 38 proyectos megamineros precisan del RIGI e hizo un énfasis especial en el proyecto Calcatreu “hay un proyecto de inversión en Calcatreu, que es una mina de oro y plata que está en el sur de Río Negro, que también necesita la adhesión al RIGI”.
Luego de la aprobación de la adhesión en la Legislatura, el gobernador siguió arrastrándose a las multinacionales. El martes 16 de julio se reunió con el Club del Petróleo para demostrar cuáles son las ‘’ventajas’’ que tiene el Golfo San Matías por encima de Bahía Blanca para la instalación de la planta de GNL. Hasta se pasea por los medios mintiendo descaradamente al decir que hay licencia social para que el extractivismo avance. Si hay licencia social, ¿por qué las audiencias públicas las hacían a escondidas y de manera exprés? ¿por qué usaron patotas que impidieron que las organizaciones socioambientales y vecinxs participaran de esas audiencias? Este gobierno habla en nombre de pueblos que vienen resistiendo hace años el avance de proyectos que significan saqueo, despojo de comunidades, contaminación y están lejos de traer un ‘’progreso’’ a nuestros territorios. Y aunque AW lo intente ocultar, somos muchas las asambleas, multisectoriales, organizaciones socioambientales y comunidades originarias que nos organizamos en defensa de los bienes comunes. A lo largo y ancho de toda la provincia se hicieron atlanticazos, encuentros y distintas acciones en defensa del agua y del territorio. En cada ley que esa nefasta Legislatura votó para darle luz verde al extractivismo, estuvimos en las calles para decirles: NO PASARÁN.
Desde la Red Ecosocialista y el MST en el FITU somos parte de esa resistencia y seguiremos luchando por un modelo energético y productivo en beneficio de las mayorías y en armonía con el ambiente.
Marcos Contreras y Fernanda Garramuño
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