WASHINGTON (AP) — El Senado de Estados Unidos aprobó en una votación nocturna el sábado una medida de financiación temporal que mantendrá las agencias federales operativas hasta principios de diciembre. Esta acción busca evitar un posible cierre del gobierno, una situación que podría generar un caos significativo justo antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La celeridad con la que los senadores actuaron es notable. A diferencia de ocasiones anteriores, donde el Congreso solía esperar hasta los últimos días o incluso horas antes de que expirara el plazo fiscal, esta vez se tomaron medidas casi dos meses antes del cierre del año fiscal, previsto para el 30 de septiembre. La votación, con 90 votos a favor y solo seis en contra, refleja la intención de los legisladores de evitar otro cierre, especialmente tras los dos episodios históricos registrados el año anterior, y justo cuando los votantes se preparan para acudir a las urnas.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, había manifestado su interés en resolver la cuestión del financiamiento antes de que los senadores regresaran a sus estados por cinco semanas para enfocarse en sus campañas de reelección. Aunque el proceso se demoró por otras cuestiones, que extendieron las votaciones hasta altas horas de la noche, el proyecto de ley recibió un amplio respaldo bipartidista. Ahora, la medida espera la aprobación de la Cámara de Representantes, que deberá votarla a su regreso del receso de agosto, antes de pasar al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.
El proyecto de ley prorroga, en esencia, la financiación del gobierno federal en sus niveles actuales hasta el 11 de diciembre. Sin embargo, no está exento de negociaciones y excepciones importantes entre los senadores y la Casa Blanca. Los demócratas, por ejemplo, lograron incluir una cláusula que impide la transferencia de fondos a la Patrulla Fronteriza. También rechazaron una solicitud de la Casa Blanca de 1.000 millones de dólares destinados a trabajos iniciales para un nuevo acorazado «clase Trump», anunciado el 22 de diciembre.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, expresó su desacuerdo con la propuesta del acorazado. «La única persona que quiere estos barcos dorados es Donald Trump para poder ponerles su nombre», afirmó Schumer, subrayando la controversia en torno a los gastos.
Un punto de considerable fricción dentro del proyecto fue la disposición relacionada con el cáñamo. La legislación retrasa por un mes la prohibición a nivel nacional de la mayoría de los productos de cáñamo con efectos psicoactivos. Esta demora generó indignación entre algunos republicanos del Senado, quienes argumentan que muchos de estos productos llegan a manos de menores, a menudo sin que estos lo sepan. Han señalado que los empaques de estos productos suelen usar colores llamativos e imitar intencionalmente marcas populares de snacks para atraer a consumidores jóvenes.
El senador republicano Ted Budd de Carolina del Norte destacó la gravedad de la situación en su estado. Informó que, desde 2017, se ha registrado un aumento de casi diez veces en las visitas a urgencias de menores relacionadas con el cannabis. «Esta es una crisis de salud pública que merece la atención inmediata de este Senado», manifestó Budd. «Nuestros niños nunca deberían ser el campo de pruebas de una industria dispuesta a explotar una laguna en la ley federal para obtener ganancias”.
Por otro lado, la industria del cáñamo defendió la prórroga, argumentando que otorga al Congreso un tiempo necesario para desarrollar una legislación que proteja a los agricultores y empresas del sector, al tiempo que establece salvaguardas para proteger a los niños. Incluso el presidente Trump conversó telefónicamente con el senador Budd sobre el asunto, aunque, según el portavoz de Budd, Christian McMullen, el presidente no le pidió que abandonara su iniciativa, sino que el senador expuso sus preocupaciones sobre «cualquier retraso en cerrar la laguna del cáñamo». A pesar de sus esfuerzos, la propuesta de Budd para eliminar la prórroga del texto fue rechazada por el Senado.
Otro elemento que provocó debate fue la inclusión de una cláusula que bloquearía, durante la vigencia de esta solución de financiamiento, nuevas regulaciones sobre subvenciones federales. Esta medida, impulsada por legisladores demócratas y la senadora republicana de Maine, Susan Collins, responde a la preocupación por las regulaciones del gobierno de Trump que exigían a un alto cargo político revisar las ayudas antes de su concesión para asegurar su alineación con las prioridades políticas del mandatario. Los demócratas temen que esto sea un intento de eliminar subvenciones destinadas a estados con inclinación demócrata.
Patty Murray, la senadora demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones, criticó duramente esta iniciativa. “No les interesa hacer que nuestros dólares de impuestos funcionen mejor; solo quieren que funcionen para Donald Trump”, sentenció Murray.
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, por su parte, sostiene que su iniciativa busca mejorar la rendición de cuentas para garantizar que el dinero de los contribuyentes no se despilfarre ni se use de forma indebida. Se espera que este asunto sea parte de futuras negociaciones sobre una medida de gasto anual. Sin embargo, la senadora Collins señaló que la gran mayoría de las casi 500.000 personas y grupos que opinaron sobre la norma se oponen a ella. “No creo que en el tiempo que he tenido el privilegio de servir en el Senado haya visto alguna vez que una norma propuesta genere tantos comentarios negativos”, concluyó.
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