Ariel Vallejo junto a Claudio «Chiqui» Tapia.
La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó al juez Luis Armella que amplíe la imputación contra el empresario Maximiliano, vinculado al titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. El pedido apunta a sumarle el delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, que se agregaría a las acusaciones ya existentes por lavado de activos y asociación ilícita.
El magistrado, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, deberá resolver si hace lugar al planteo antes del 26 de mayo, fecha prevista para la indagatoria de Vallejo y de su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
La causa se inició a partir de una denuncia de la firma Auriga League S.A., que había otorgado un préstamo de dos millones de euros al Club Atlético Banfield, monto que, según la acusación, nunca fue devuelto.
A partir de ese hecho, la investigación avanzó sobre el holding Sur Finanzas, al que se le atribuye haber montado un esquema ilegal para captar fondos de clubes con problemas económicos, otorgar préstamos con condiciones usurarias y luego canalizar las ganancias a través de una red de sociedades.
Según la fiscalía, el entramado habría operado de manera sostenida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
Maniobras y montos millonarios
Entre las maniobras detectadas figuran el descuento de cheques con tasas abusivas, contratos de mutuo con intereses elevados, la utilización obligatoria de sistemas de pago propios y la firma de contratos de sponsorización simulados para justificar movimientos de dinero.
El monto total investigado por lavado de activos superaría los 108 millones de dólares, a lo que se suma una presunta evasión impositiva de más de 3.300 millones de pesos, denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Además, existe una causa paralela que analiza operaciones sospechosas por unos 818.000 millones de pesos, a cargo del juez Federico Villena, actualmente en proceso de unificación con el expediente principal por disposición de la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata.
Allanamientos y pruebas
En el marco de la investigación, se realizaron más de 40 allanamientos, en los que se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable y dinero en efectivo en distintas monedas.
Entre el material incautado se encontraron contratos vinculados a al menos 16 clubes de fútbol, como San Lorenzo, Independiente, Racing Club, Argentinos Juniors y Barracas Central.
Asimismo, el análisis de chats extraídos de teléfonos secuestrados reveló presuntas maniobras para eliminar información y reorganizar estructuras tras los operativos.
La acusación sostiene que el circuito de lavado se completaba mediante una red de empresas —como Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.— que permitía mezclar fondos de origen ilícito con ingresos legales, dificultando su trazabilidad.
Ahora, la decisión del juez Armella será clave para determinar si se amplían los cargos en una causa que ya aparece como una de las más relevantes en materia de delitos económicos vinculados al fútbol argentino.