El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha firmado una orden ejecutiva que pone en la mira a una práctica conocida como «turismo de nacimiento». Esta medida busca investigar supuestos casos donde se utilizan las leyes migratorias para asegurar la ciudadanía estadounidense a niños nacidos en el país.
Abbott, en un comunicado reportado por CBS News, fue contundente: «Texas no tolerará la explotación de nuestras leyes migratorias por parte de personas que viajan a Estados Unidos de manera ilegal o bajo falsas pretensiones para dar a luz y asegurar la ciudadanía de sus hijos».
La orden establece severas consecuencias para cualquier proveedor de salud con licencia que se involucre en tales actividades. Las sanciones incluyen la suspensión o revocación de licencias profesionales, la exclusión de contratos estatales, la pérdida de beneficios otorgados por el estado y otras acciones permitidas por la legislación texana.
Esta acción del gobernador surge como respuesta al caso del Mission Regional Medical Center, situado en el Valle del Río Grande. Según Abbott, este hospital habría promocionado servicios dirigidos a viajeros extranjeros interesados en dar a luz en Texas con el fin de que sus hijos obtuvieran la ciudadanía estadounidense. Aunque el Mission negó las acusaciones y afirmó haber abandonado dicha publicidad, el gobierno estatal identificó otros centros bajo sospecha, como el Knapp Medical Center de Weslaco y el De’Ai Postpartum Care Center de Houston.
Es fundamental aclarar que, a pesar de estas investigaciones y el debate en curso sobre el «turismo de nacimiento», la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos no se ve afectada. Un dictamen de la Corte Suprema, emitido a fines de junio de 2026, reafirmó este derecho.
En una decisión histórica de seis votos contra tres, la Corte Suprema de Estados Unidos sentenció que los bebés nacidos en el país tienen un derecho constitucional a la ciudadanía. Con esto, se rechazó el intento del entonces presidente Donald Trump de poner fin a una política vigente desde hace 150 años.
El presidente de la Corte, John Roberts, dictaminó que los niños nacidos en Estados Unidos «de padres que se encuentran ilegal o temporalmente en el país» son «ciudadanos por nacimiento» conforme a la 14ª Enmienda. Trump había intentado limitar este derecho mediante una orden ejecutiva, argumentando que los hijos de inmigrantes indocumentados y algunos visitantes temporales no estaban «sujetos a su jurisdicción» y, por lo tanto, no eran elegibles para la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La Decimocuarta Enmienda, incorporada en 1868 tras la Guerra Civil, es clara en su texto: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”. El American Immigration Council (AIC) recuerda que esta garantía constitucional fue diseñada para asegurar la igualdad ante la ley, sin importar la raza, ascendencia o filiación, revocando la infame decisión del Tribunal Supremo de 1857 en el caso Dred Scott.
Así, mientras Texas endurece la fiscalización sobre los proveedores de salud presuntamente involucrados en el «turismo de nacimiento», el derecho fundamental a la ciudadanía por nacimiento para quienes nacen en suelo estadounidense permanece inalterable, respaldado por la Constitución y la máxima autoridad judicial del país.
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