La Justicia de Neuquén formalizó cargos por estafa reiterada contra tres directivos de la Cooperativa 127 Hectáreas. El juez de garantías Luciano Hermosilla concedió a la fiscalía un plazo de seis meses para la investigación, al declarar el caso como «causa compleja».
Los imputados son Jorge Salas, titular de la entidad; Roxana Huincaman, secretaria; y Beatriz Lebrero, tesorera. Al finalizar el período de investigación, la fiscalía deberá presentar el control de acusación, paso previo al juicio oral y público.
La fiscal del caso, Rocío Rivero, fue quien formuló la imputación, con el respaldo de la querella, que cuenta entre sus integrantes a los abogados Mariano Mansilla y Miguel Quiruga. Según la acusación, el perjuicio económico, calculado en 4.5 millones de pesos sin actualizar, corresponde a hechos ocurridos entre 2021 y 2022.
Una de las claves de la imputación por la denominada «causa Meseta» es que la cooperativa habría vendido y cobrado por terrenos que, en realidad, nunca le pertenecieron. Además, se detalló que estos lotes estaban fuera del ejido de Neuquén capital.
La fiscalía explicó que Salas y Huincamán asumieron sus cargos en 2021 y desde entonces comenzaron a difundir el proyecto de venta de lotes. A Lebrero se le atribuye la función de cobrar las cuotas y disponer del patrimonio conforme a las directivas de los otros miembros.
Se describió que, sin ser los legítimos propietarios, los acusados celebraron contratos de venta de parcelas de 200 metros cuadrados, prometiendo su entrega en un plazo de dos años e incluyendo servicios de luz y agua. Para llevar a cabo esta maniobra, habrían proporcionado información falsa tanto sobre la incorporación de los lotes al ejido urbano como sobre la verdadera titularidad de los terrenos.
Es importante destacar que en mayo de 2025, la justicia allanó el domicilio de Salas y de otros integrantes de la comisión directiva en relación con esta investigación.
Adicionalmente, el juez Hermosilla otorgó dos meses más a la fiscalía para la formulación de cargos en la «causa Sirena unificada». Este expediente agrupa otras denuncias de estafa contra la misma cooperativa. La prórroga se justifica por la necesidad de procesar pericias pendientes, incluidas las telefónicas.
En cuanto a otras medidas solicitadas, el magistrado acogió la prohibición de contacto entre los acusados y las víctimas, ya sea de forma directa o a través de terceros. Sin embargo, rechazó la inhibición general de bienes y el embargo de vehículos de la cooperativa. Argumentó que estos bienes no estaban a nombre de los imputados y habían sido adquiridos antes de los hechos investigados.
Asimismo, el juez desestimó la solicitud de prohibición de salir del país para los acusados, al considerar que no se había acreditado el riesgo de fuga.