Las universidades nacionales se preparan para un nuevo capítulo en su prolongada disputa por el cumplimiento de la Ley de Fondos. Este martes, el Ministerio de Capital Humano convocó a una mesa de negociación paritaria, buscando destrabar un conflicto que acumula más de un año de incumplimiento legislativo y una firme intervención judicial.
La cita está programada para las 11 de la mañana en el Palacio Pizzurno. Al encuentro asistirán representantes de las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica, así como delegados del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores de más de sesenta casas de estudio en todo el país. También estará presente el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez.
Cuando los paritarios se sienten a la mesa, habrán transcurrido 315 días desde la sanción de la Ley de Financiamiento sin que sus disposiciones se hagan efectivas. Páginas web de instituciones como la UBA evidencian este prolongado retraso, que mantiene en vilo a la comunidad universitaria.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y representante de Fedun, señaló a Clarín que, según la ley, «falta recomponer un 30% de los salarios». Cagnacci enfatizó la urgencia de cumplir con la cautelar judicial que ordena la actualización salarial y de becas estudiantiles, una medida que considera sin «margen» para ser ignorada por el Gobierno. Además de la recomposición basada en la inflación acumulada desde diciembre de 2023, los gremios reclaman el pago retroactivo desde la promulgación de la ley, mostrando a pesar de ello «predisposición al diálogo».
Por su parte, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, describió el último paro nacional de 48 horas convocado por su federación como «muy contundente». Chevalier se mostró escéptica respecto a los resultados de la paritaria del martes y advirtió: «Si este 1 de septiembre el Gobierno no salda la deuda con la Universidad y sus trabajadores, vamos a una agudización del conflicto».
El conflicto no solo se desarrolla en la mesa de negociación, sino que se encuentra plenamente judicializado. La cautelar a favor de las universidades quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado, que rechazó el último recurso extraordinario presentado por el Gobierno. Este hecho, inédito, llevó a los abogados del Estado a litigar contra las propias universidades públicas.
La saga judicial tuvo su último episodio el 21 de agosto, con una audiencia convocada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, interpretada como un intento de «mediación». Tras el fallo de la Corte, el CIN había solicitado al magistrado (quien originalmente otorgó la cautelar) la imposición de multas a funcionarios, desde el subsecretario Alvarez hasta el presidente Javier Milei, e intimar el delito de desobediencia.
Durante esa audiencia, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sumó al reclamo la «grave situación presupuestaria» de los hospitales universitarios, solicitando la asignación de créditos contemplados en la Ley de Presupuesto 2026. Según las universidades, el Gobierno se habría comprometido verbalmente a cumplir, pero luego se negó a dejarlo por escrito en el acta, proponiendo una nueva audiencia en 30 días, lo que las casas de estudio interpretaron como una estrategia para «ganar tiempo».
El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien representa a los rectores del CIN en la demanda, informó a la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Quilmes que aguardan el despacho del juez Cormick sobre los pedidos de multas diarias y la causa penal por desobediencia.
Manili explicó la prudencia judicial: «El problema es que para un juez es complicado dictar una orden contra el presidente de la Nación y que no te la cumpla. Entonces, trata por todos los medios de ir llevando la causa de modo tal de que el Gobierno la termine cumpliendo sin que la sangre llegue al río…».
En la reciente audiencia, el Gobierno intentó sin éxito el levantamiento de la cautelar, argumentando que «están pagando» con un acuerdo paritario de mayo que otorgó un 21% más un 3% para octubre. El abogado del CIN calificó este planteo de «absurdo», comparándolo con «pedir que te levanten un embargo porque debías 10 pesos y ya abonaste 1». Afortunadamente, el juez Cormick rechazó dicha solicitud.
El incumplimiento de la Ley de Fondos afecta directamente el funcionamiento de las universidades, los salarios, las becas y la situación de los hospitales universitarios, todos financiados por el Presupuesto nacional. Esta situación involucra a casi 2 millones de alumnos, más de 266 mil docentes y 65 mil no docentes. La Ley en cuestión fue sancionada, vetada por el presidente Milei y, en un hecho inédito en décadas, insistida por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso.
En este clima de tensión y expectativa, se desarrolla la paritaria del martes. Los salarios de agosto ya fueron depositados sin el 30% de incremento correspondiente. Circulan versiones sobre una posible oferta del Gobierno para saldar la deuda en tramos o, por el contrario, mantener su postura actual. Será crucial observar si la Justicia, ante este escenario, toma medidas para asegurar el cumplimiento de su fallo.