La prolongada batalla legal por la estatización del 51% de las acciones de YPF, impulsada por el fondo Burford Capital, ha escalado esta semana hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. Este organismo, ante el cual Argentina ha enfrentado numerosos litigios en los últimos 25 años, vuelve a ser escenario de un caso que impacta las finanzas del Estado.
La historia reciente de Argentina con el CIADI está marcada por episodios como el default de la deuda, el incumplimiento de contratos de servicios públicos privatizados y, más tarde, las estatizaciones. Estos eventos derivaron en pagos millonarios en concepto de indemnizaciones por parte del Estado a los afectados.
A pesar de un panorama judicial complejo, Argentina consiguió un fallo favorable este año en un tribunal de segunda instancia de Nueva York, logrando evitar el pago de 16.100 millones de dólares más intereses en el caso YPF. Sin embargo, Burford Capital, financiador de los demandantes (los acreedores de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculadas a la familia Eskenazi), ha recurrido ahora al CIADI buscando una compensación que podría resolverse en varios años.
En este contexto, la figura de Axel Kicillof cobra relevancia. Mentor de la estatización de YPF en 2012, Kicillof ascendió en la política nacional, ocupando el Ministerio de Economía (2013-2015) y la gobernación de la provincia de Buenos Aires desde 2019, proyectándose incluso como precandidato presidencial para 2027.
Consultado por Clarín en La Plata sobre la llegada del juicio al CIADI, Kicillof expresó su opinión: «Burford ya había avisado que iba a hacerlo. Dijeron que tenían razón en tribunales norteamericanos y ya vimos cómo terminó. El CIADI es un tribunal que en general suele inclinarse por el sector privado, es una tendencia que tiene. Pero después del lapidario fallo que hubo en Estados Unidos, este caso ahora es confidencial.»
El gobernador amplió su crítica, relacionándola con políticas actuales: «Durante años vamos a estar sometidos a este tipo de decisiones en tribunales y fueros que no corresponden. Voy a decir lo mismo sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y otras decisiones que toma Javier Milei: la cesión de jurisdicción en tribunales internacionales nos deja en condiciones de debilidad. El propio Milei dijo que Burford tenía razón y la Justicia de Estados Unidos revirtió una situación absolutamente injusta», afirmó.
El RIGI, mencionado por Kicillof, ofrece a los inversores beneficios como la «seguridad jurídica», permitiéndoles evitar tribunales locales y litigar en el extranjero. En estas instancias internacionales, los problemas con los derechos de propiedad suelen ser juzgados con mayor severidad contra el Estado. Desde su sanción hace dos años en el Congreso, el RIGI ha atraído casi 50 proyectos por un valor cercano a los 210.000 millones de dólares de inversión, con 23 ya aprobados por 50.000 millones de dólares.
Paralelamente a la discusión sobre el CIADI y el RIGI, una investigación de Radio Con Vos y El Diario Ar reveló un detalle significativo. Uno de los estudios jurídicos que patrocinan la demanda contra Argentina, Three Crowns –con sedes en Londres, Washington y Madrid–, cuenta entre sus socios al abogado argentino Agustín García Sanz.
García Sanz había sido designado por el gobierno de Milei como árbitro y conciliador por Argentina en el CIADI el 6 de septiembre de 2024, con un mandato hasta 2030, según consta en el informe anual 2025 de la institución. Sin embargo, apenas dos años después de esa designación, patrocina una demanda contra el propio país en el mismo tribunal. Consultado por Clarín, García Sanz declinó hacer comentarios sobre su nombramiento o su supuesta renuncia –ya que no figura actualmente como árbitro argentino–, limitándose a decir: «Por regla no podemos comentar sobre los casos en curso.»